El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en setiembre de 2018 y que espera su ratificación en el Congreso de la República desde agosto de 2019. Desde la fase preparatoria, el Perú ha tenido un rol protagónico en el impulso del acuerdo, demostrando siempre el consenso multisectorial en pro del interés público y la defensa de los derechos de la ciudadanía.